Saltar al contenido
EN

La Fiscalía Europea investiga el uso de 86 millones de fondos de la UE para el AVE Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por presunto fraude de fondos comunitarios en la línea Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda, y sus diligencias llegan a Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Por la redacción de Veridia

Comprobado · 3 fuentes · 7 Nov 20264 min de lectura
Terminal Príncep d'Espanya 3

Foto de archivo: The STB / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

La respuesta corta

  • La Fiscalía Europea (EPPO) abre una segunda investigación por presunto fraude de fondos de la UE en la línea de AVE Madrid-Sevilla, tras el accidente de Urda (Toledo).
  • Según fuentes citadas por ABC, examina el destino de 86 millones de euros europeos y si las empresas adjudicatarias hicieron los trabajos.
  • La Guardia Civil (UCO) actuó este viernes en Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Seguridad Ferroviaria; la EPPO no ha dado más detalles.

La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por presunto fraude de fondos comunitarios en la línea Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda, y sus diligencias llegan a Adif, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Una nueva investigación tras el accidente de Urda

La Fiscalía Europea, conocida por sus siglas en inglés EPPO, ha abierto una nueva investigación por un presunto fraude de fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La EPPO es el organismo que investiga, enjuicia y juzga los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Según informó la propia EPPO este viernes, la investigación afecta a la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones de la línea. Se abre después del accidente del 28 de octubre en Urda (Toledo), donde murieron 69 personas y resultaron heridas centenares.

La EPPO lleva a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, en Madrid. También actúa en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El organismo explicó que esta confirmación es excepcional y se produce «tras el gran interés público». Añadió que no facilitará más detalles en este momento de la investigación.

Los 86 millones bajo sospecha

Según fuentes cercanas al caso citadas por el diario ABC, la Fiscalía Europea investiga el destino de 86 millones de euros de fondos comunitarios invertidos en distintos trabajos de remodelación de la línea de AVE Madrid-Sevilla.

Esas fuentes señalan que el primer objetivo es aclarar si el dinero se destinó realmente a esas labores. Después se analizará si las empresas adjudicatarias cumplieron con los trabajos que debían realizar.

Los accidentes de Urda y de Adamuz (Córdoba), con 115 víctimas mortales en conjunto, son el punto de partida de estas causas, según ABC.

El contrato de mantenimiento y las empresas

Según la nota oficial del Ministerio de Transportes, recogida por ABC, el contrato para migrar el sistema de protección de trenes LZB al nuevo ERTMS tenía un presupuesto de 136 millones de euros y un plazo de 52 meses. Eso implica que debería haberse ejecutado en enero de 2026.

La adjudicataria principal fue Thales España GRP, por 93,8 millones de euros, para la transición del sistema «en toda la línea, en el conjunto de enclavamientos, así como en el ramal La Sagra-Toledo».

El contrato incluía una segunda adjudicación de 21 millones de euros para renovar los circuitos de vía, los sistemas que detectan si hay un tren en un tramo concreto. La obtuvo una UTE (unión temporal de empresas) formada por Grupo Azvi, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, y Ferrovial Construcción.

Según ABC, las sospechas se centran en posibles irregularidades en las empresas adjudicatarias del mantenimiento de la línea.

Grupo Azvi y la causa del juez Moreno

ABC señala que Grupo Azvi no está formalmente investigado en relación con las presuntas irregularidades y amaños de obra pública que instruye el juez Ismael Moreno. Esa causa motivó el jueves nuevos requerimientos de la UCO.

En un comunicado, la empresa, de Ángel Contreras, manifestó «absoluta tranquilidad» ante los registros en su sede de Sevilla.

Según el sumario de esa causa, recogido por ABC, Azvi pagó 6.000 euros mensuales a Koldo García tras su salida del Gobierno. García, exasesor del ministro, sí está imputado por presuntamente amañar contratos de obra pública y cobrar comisiones por sus gestiones.

El precedente de Adamuz y la situación de los heridos

La EPPO ya abrió de oficio otra investigación en los mismos términos el 20 de marzo, tras el accidente del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. Entonces informó de pesquisas sobre el mantenimiento del tramo cercano al kilómetro 318,7.

Las dudas sobre la red ferroviaria han crecido en los últimos días, con la entrada de la UCO en Adif dos días consecutivos por investigaciones judiciales, según ABC.

Sobre el accidente de Urda, 110 viajeros fueron hospitalizados inicialmente en seis centros de Castilla-La Mancha. De ellos, 95 ya han recibido el alta.

Fuentes

Revisado por la redacción de Veridia el 7 Nov 2026

Sigue leyendo